La millonaria compra de respiradores que deja sin aliento a Salud

Desde que llegó la pandemia al Paraguay, se conformaron varias comisiones que hacen de contralores con las gestiones de emergencia que se realizan desde las distintas entidades estatales que brindan los servicios esenciales a la ciudadanía. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), es una de las carteras más cuestionadas ya que sus adquisiciones fueron turbulentas y estuvieron envueltas en nebulosas desde el principio.

En este marco, una de las compras millonarias que realizó el ente sanitario fue de los 31 respiradores que lo hicieron por la suma de Gs. 220 millones (220.000.000), por unidad, costo que en un principio era de Gs. 169 millones (169.000.000) en base a los detalles de la adquisición en una licitación del mes de diciembre del año 2019.

Asunción Post Noticias accedió a un documento inextenso en donde se puede apreciar el trabajo de contraloría y denuncia ante la fiscalía por un grupo de parlamentarios. En este documento se señala que para respaldar la obtención del precio referencial de la compra en cuestión se debe demostrar en el informe, el análisis realizado para la obtención de la licitación, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 411/18.

La empresa adjudica para la compra de dichos respiradores lleva la razón social de Dysa Healthcare S.A. y según las investigaciones en torno al caso, la firma se encuentra a nombre de Ricardo Hellmers, quien tendría una vinculación parental con Walter Insfrán, actual jefe de Gabinete del ente sanitario y además el accionista de la firma mencionada estaría casado con la hermana del trabajador público. De la misma forma en la gestión licitatoria suena bastante fuerte el nombre del exministro y jefe de campaña del presidente Mario Abdo Benítez, Juan Ernesto Villamayor, quien aparentemente también pugnó por medio de sus abogados para hacerse con la licitación de los respiradores.

Según los documentos, la licitación con carácter de urgencia impostergable se realiza el 1 de abril, por medio de correos electrónicos y se envía las bases y condiciones a las 19:00 horas de esa fecha, a las 5 empresas “que reunían los requisitos”, pero llamativamente el 2 de abril a las 12.00 horas ya se encontraba adjudicada la empresa DYSA HELTHCARE S.A., que en tan solo 5 horas (tiempo record) “logró terminar la oferta”, para el ministerio.

Finalmente, la compra de los 31 respiradores se hicieron por un costo de Gs. 220 millones, por unidad, que hacen una diferencia de Gs. 51 millones (51.000.000) en precio unitario y un total de G. 1.581.000.000  (mil quinientos ochenta y un millones) en total en contraposición a la suma de G. 169.000.000 (ciento sesenta y nueve millones) en la que se valuaban en la Licitación anterior y que se había comprado de la mismo empresa, DYSA HELTHCARE S.A. . El precio por el cual compra finalmente el Ministerio de Salud, es de 243% más elevado que el precio de costo determinado por la Contraloría General de la República (CGR).

Si bien, desde el Ministerio de Salud se han pronunciado con respeto a esta situación, la empresa adjudicada aún no ha presentado un documento que respalde la suba abismal de la diferencia de la compra.

A continuación, se presenta en el cuadro el precio por respirador adquiridos en los últimos años según estadísticas extraídas de la DNCP.

Según la Contraloría General de la República aún no se justifica la fijación del precio referencial de Gs. 220.000.000, ya que la compra que fija como referencia tenía el precio unitario a Gs.169.000.000. Además del tiempo récord de licitación, que no permitió la transparencia y competitividad que requieren las compras que realiza una institución del estado. Asimismo, el ente estatal tiene la facultad de fijar los precios y no solo acceder a los que están preestablecidos, por más que la demanda de los respiradores hayan crecido, al ser una emergencia sanitaria, el ministerio pudo heber puesto topes a los costos del mercado. Por su parte, la empresa DYSA  por medio de un comunicado intenta esclarecer la situación, pero aún así no responde a los puntos cuestionados por la Contraloría General de la República. 

A continuación se observa la conclusción hecha en las obersaciones de la CGR: