FG pide remoción de Zacarías Irún y Hernán Rivas del Jurado, y juicio político a Sandra Quiñónez

En el Senado se presentó un proyecto de resolución repudiando el grave atentado contra la independencia y la transparencia de la justicia, y la actuación parcial y antijurídica de la fiscala general.

El FG (Frente Guasu) solicita la remoción del senador Javier Zacarías Irún y del diputado Hernán Rivas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y repudia el grave atentado contra la independencia de la transparencia de la justicia.

Este pedido figura en un proyecto de resolución que se presentó en la Cámara Alta, en el que también se exige el juicio político a la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez por su actuación parcial y antijurídica.

Los senadores del Frente Guasu cuestionaron que Zacarías Irún sea miembro del Jurado teniendo causas penales, mientras que en el caso de Rivas no posee matrícula de abogado ni experiencia como tal.

Sandra Quiñónez, Javier Zacarías y Hernán Rivas. - Foto: Gentileza

Esperan que el Senado quite la representación a Zacarías, y que Diputados haga lo mismo con Rivas, y que se inicie el proceso de enjuiciamiento a Sandra Quiñónez.

“No deberían ser miembros del Jurado bajo ningún concepto personas que tienen o han tenido recientemente causas abiertas como es el caso del senador Javier Zacarías Irún”, es la argumentación del bloque.

“¿Qué capacidad tendría para juzgar litigios sin haber litigado en su vida?”, es la pregunta que hacen sobre Rivas, y consideran preocupante su juramento como miembro del Jurado y obtener un título posiblemente falso el mismo día que asumió.

 

Causas para el juicio político

En cuanto a Sandra Quiñónez, el Frente Guasu asegura que sobran las razones para su enjuiciamiento. “No avanzó siquiera en la apertura de una carpeta de investigación fiscal en el caso del Acta Secreta de Itaipú, tampoco existen imputaciones sobre el caso Messer y sus vínculos en Paraguay por lavado de dinero”, señalan.

Otro punto que se menciona es la falta de investigación en torno al secuestro y tortura de menores de edad por parte de militares en Ciudad del Este. “En cambio la fiscala es sumamente diligente para imputar y perseguir a luchadores sociales”, reclaman.