Histórico informe de la ONU implica a Maduro en crímenes de lesa humanidad

El informe entregado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) refiere que, en el gobierno de Nicolás Maduro, ha cometido "violaciones atroces" que equivalen a crímenes de lesa humanidad, lo que el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, consideró como un documento que relata el drama verdadero por el que está atravesando el país.

Según las publicaciones internacionales que el documento evidencia una “sistemática destrucción y violación de los Derechos Humanos” en Venezuela. A la vez refieren que de investigadores de la organización internacional denuncia crímenes de lesa humanidad perpetrados y avalados por el gobierno del país, apuntando directamente al presidente Nicolás Maduro.

Textualmente, el documento refiere que "La misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe", concluye la investigación. Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes".

Además, refiere que el equipo de misión de la ONU no pudo entrar al país, ya que las fuerzas de seguridad de Venezuela no lo permitieron. Asimismo, confirmaron que las evaluaciones arrojaron resultados que indican que el gobierno ha estado involucrado en un uso sistemático de la violencia desde 2014, con el fin de reprimir a la oposición política y aterrorizar a la población.

Maduro y sus ministros del Interior y Defensa son los principales autores de estas torturas, ya que no solo estaban al tanto de los crímenes, sino que ordenaban muchas de las torturas y redirigían fondos para coordinar los hechos. La ONU exhortó a Venezuela a que responsabilice a los culpables de los hechos y evite que estos se repitan.

Guaidó afirmó que las acusaciones de la misión de la ONU coinciden con las denuncias y reclamos planteados por la oposición política venezolana, así como las acusaciones presentadas en 2018 por el gobierno colombiano ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), organismo cuya intervención también ha realizado varias investigaciones para las Naciones Unidas.