9 años de la masacre que dejó enlutada a varias familias paraguayas
Un 15 de junio de años 2012 se produjo una orden de desalojo contra 70 campesinos de las tierras públicas Marina Cue, en el departamento de Canindeyú, tierras que habían ocupadas para exigir una reforma agraria, no obstante, la propiedad era reclamada por una empresa privada, Campos Morombí.
En este lamentable suceso falleció un total 11 trabajadores del campo y 6 uniformados (policías). En consecuencia el Congreso Nacional llevó a cabo un proceso político contra el entonces presidente de la República Fernando Lugo. Este juicio se desarrolló en un tiempo récord de cinco días y la destitución de Lugo se hizo en 24 horas.
Al final de la jornada Lugo fue destituido de su cargo y el mando interino de la nación lo tomó Federico Franco. Como consecuencia de estos hechos, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instancias de esta institución emitieron duras observaciones tanto a la justicia como al Gobierno paraguayo en marzo de 2013. Entre las observaciones se solicitaba al Estado investigar el caso de manera "independiente e imparcial".
Campesinos Condenados
Situación de la Tierra:
Para el año 1967 las tierras fueron donadas por la empresa Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA) al Estado, por lo que se presumía que las mismas eran públicas.
Luego en 2004, el Gobierno de esta nación emitió un decreto por el cual declaró el terreno como de "interés social", con el objetivo de iniciar una reforma agraria y se las transfirió al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), pero el para entonces presidente del partido colorado, Blas Riquelme, empezó un juicio de usurpación y el juez a cargo sentenció que las tierras pertenecían al político y empresario. Sin dar partida al Estado.
Luego en el año 2012 el Inder promovió un juicio especial ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para anular el juicio de usurpación, ya en 2015, al empresa de Riquelme, Campos Morombí, donó los terrenos nuevamente al Estado, pero con la condición de que sea convertido en una reserva forestal, no en un asentamiento campesino.
Fuente: TelesurTv