El fallo de la Corte se produce como respuesta a una demanda presentada en 2020 por el movimiento feminista Causa Justa, una coalición de 90 organizaciones, en la que el colectivo exigía el fin de la criminalización del aborto.
Durante el lunes, se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas de gestación. Anteriormente, en el país sudamericano el aborto estaba penado con hasta cuatro años y medio de cárcel, pero ya desde el 2006 se permitía por tres causas: violación, malformación del feto o riesgo de salud para la madre, sin límite de tiempo.
Las mujeres bailaban con pañuelos verdes sobre la cabeza para celebrar la noticia, llenaron las calles que rodean el edificio de la Corte Constitucional, en pleno corazón de la capital colombiana.
“Frente al abandono del Congreso, las mujeres tenemos que buscar nuestra protección de los derechos frente al órgano que está encargado, que es la Corte Constitucional. Hay personas muriendo, yendo a la cárcel, por algo que ya se definió en la sociedad colombiana, y es que impedirle a las mujeres abortar en ciertas circunstancias es vulnerarles su dignidad”, dijo la académica y asesora de Causa Justa, Isabel Cristina Jaramillo.
En Colombia, los fiscales abren unos 400 casos cada año contra mujeres que han tenido abortos o contra quienes les ayudan, según la oficina de la Fiscalía General. Al menos 346 personas han sido sentenciadas en casos de este tipo desde 2006. Los abortos ilegales a menudo se realizan de manera insegura y causan unas 70 muertes al año.
El impulso creciente por los derechos de las mujeres y el acceso al aborto ganó protagonismo hace poco más de un año, cuando Argentina se convirtió en la nación más grande de América Latina en legalizar el aborto.
Pronto, los defensores del derecho en toda la región, desde México hasta Paraguay, y de Brasil a Colombia, usaban o portaban pañuelos verdes en marchas multitudinarias, el símbolo del movimiento por el derecho al aborto.