Advierten que crisis hidrológica implicará 30% menos de producción de energía
Aunque el acceso al agua es un derecho humano, este recurso natural también es muy importante para la economía no solo porque se mueve el comercio internacional sino por el impacto en la producción de energía. Debido al cambio climático, Paraguay no solo debe considerar diversificar su matriz de generación eléctrica sino también en avanzar en la regulación del permiso y aprovechamiento del uso del agua, que implica principalmente el pago de un canon.
Gerardo Blanco, miembro del Consejo de Administración de Itaipú, advirtió que debido a la sequía que afecta a la región, la producción de energía llegará a su mínimo histórico y se reducirá 30% este año. Debido a ello, también se reducirán los royalties, que afectará principalmente a los municipios.
Desde el inicio de la operación de Itaipú de 1983 a 2020, el caudal fue de 10.000 metros cúbicos por segundo, pero desde marzo de este año fue bajando como consecuencia de la falta de lluvias y se llegó al mínimo de 4.500 metros cúbicos por segundo, durante el mes de agosto. La última vez que se registró un caudal tan bajo fue en el año 1974.
"Esperamos que las condiciones comiencen a mejorar a partir de setiembre, tenemos que esperar que con el inicio del periodo húmedo empiece a llover, pero si eso no da y persiste la sequía, estamos corriendo el riesgo de que a final de año lleguemos con 12% de nivel de los reservatorios. Y llegar con ese nivel hace muy riesgosa la operación porque prácticamente estaríamos perdiendo la capacidad del control sobre el Paraná", destacó el ingeniero.
Blanco también señaló que más allá de una negociación de la tarifa o de compensación, Paraguay debería empezar a maximizar sus ingresos y pensar en estrategias más creativas que migren de una compensación fija por la energía cedida por Paraguay a un sistema donde permita diseñar un instrumento de gestión de precio y de riesgo hidrológico.
Por su parte, Paula Burt, coordinadora del Programa Regional de Acceso al Agua de la Fundación Avina, manifestó que el 78% de la población en Paraguay accede a servicios de agua potable por red, pero esto no garantiza que el producto recibido cumpla con todas las exigencias sanitarias. Se estima que 1.500.000 personas aproximadamente no tienen acceso a agua potable, ya que su consumo proviene de ríos, arroyos o pozos domiciliarios.
Burt lamentó la sobrepoblación de entidades y la descoordinación sobre el sector de agua y por ello, señaló la necesidad de políticas públicas para universalizar el acceso al servicio de agua potable con mayor coordinación entre el Gobierno Central y los gobiernos locales, fortalecer las Juntas de Saneamiento, a través de la asistencia técnica y capacitación permanente y que el Estado llegue a las comunidades rurales dispersas.
Entretanto, David Fariña, director de Recursos Hídricos en el Mades, indicó que a pesar de que la Ley 3339/07 "De los Recursos Hídricos" fue sancionada en el año 2007, hasta el momento no se ha podido avanzar en la regulación de la normativa debido a intereses particulares, principalmente del sector productivo. Debido a ello, no se pueden establecer certificados de disponibilidad de uso y los permisos de aprovechamiento de los recursos hídricos, que va ligado al cobro del canon y al permiso de vertido a un cauce hídrico.
Actualmente, solo se paga por el servicio de agua potable que llega a los domicilios, pero no por el recurso hídrico en sí. "Hablamos de los intereses y creemos que los intereses están impidiendo de alguna manera. Desde 2012 hasta la fecha, a cada presidente y cada ministro va la propuesta de reglamentación y hasta hoy no está firmado", mencionó.
Asimismo, refirió que el 80% de las comunidades de Paraguay se abastecen de agua subterránea, aunque solo existen estudios sobre el Acuífero Patiño. No obstante, existe una plataforma de registro de uso y aprovechamiento del agua, que servirá como inventario para determinar las zonas más presionadas por diferentes actividades económicas en todo el territorio nacional.
Finalmente, dijo que el Estado tiene que empezar a invertir en sistemas de alcantarillado sanitario y en plantas de tratamiento para tener una mejor calidad de agua en los recursos hídricos y acuíferos.