La institución promovió un amparo constitucional para que un joven de 20 años, diagnosticado con Síndrome de Down de características severas, acceda al derecho fundamental de la salud, por su estado de vulnerabilidad extrema ante la enfermedad del coronavirus.
La defensora pública, María Concepción Meza, presentó ante la Oficina de Atención Permanente del Poder Judicial de San Lorenzo el amparo constitucional bajo el fundamento del artículo 571 del Código Procesal Civil, sobre Medidas de urgencia, a través del cual el Juzgado ordene sin más al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el trámite para la vacunación de su asistido.
Ante la situación sanitaria del país el derecho a la salud de las personas no puede ser desatendido, argumentó la defensora. Se considera que salvaguardar la vida del joven con la aplicación de la vacuna anti-covid es fundamental debido al historial de enfermedades de base que padece.
Víctor Fernández, Juez Penal de Garantías de la ciudad de Capiatá, hizo lugar a la petición y ordenó la inmediata vacunación del joven en un Centro vacunatorio dentro del territorio nacional.
El defendido además padece de trastornos de tipo conductual, entre otras enfermedades que lo hacen totalmente dependiente de su familia, según indicaron.
Anteriormente, una mujer también fue beneficiada con la Justicia para acceder a la inoculación contra el coronavirus. Con este nuevo caso, hasta el momento serían dos personcas con discapacidad las que acceden a la vacuna mediante un amaparo.