Algunos de los secuestrados tuvieron la suerte de volver a sus hogares, otros fueron asesinados de la forma más cruel y tres compatriotas que se cree siguen en cautiverio, ya que el gobierno no pudo dar con ellos y tampoco encontrar un cuerpo que pueda dar fin a estas familias y el dolor que sienten por la ausencia de sus seres queridos.
“Gobiernos de turno que durante estos 20 años, no hay hecho otra cosa que sumar bajas en sus filas policiales, engrosar su lista de civiles secuestrados y mirar desde el banco de suplente como estos grupos criminales, principalmente el EPP, han extendido su negocio delictivo a otras actividades como el reclutamiento de niños, la extorsión y el asesinato”, expresa parte del texto.
En el texto indican además, que hoy, a 20 años de aquel primer secuestro, se tiene a un estado “completamente sometido a la voluntad de un grupo de forajidos, pertenecientes a 2 o 3 familias que tienen en vilo a un país y somete a cada gobierno que pasa”. Refirieron que el ministro del Interior prefiere dar la espalda al problema, pretendiendo tapar el sol con un dedo a través de un discurso simplista, egoísta, infantil y hasta ofensivo para las víctimas. “No hay industria del secuestro en Paraguay”, esas fueron sus palabras. Y lo grave de esa expresión no es que pretenda esconder la vergüenza de la ineficiencia o que desconozca la magnitud del problema, sino que, conociéndola, prefiera minimizarla.
Hace más de un año que no se tiene novedades de Oscar Denis, hace cinco años que no se sabe nadad de Félix Urbieta, y hace siete años que se desconoce alguna pista sobre Edelio Morínigo. Estos hechos significan la negación de la inoperancia y la ineficiencia de los servicios de seguridad, y peor aún, es darle un tiro de gracia al atisbo de confianza que se le tenía a la gestión de la institución encargada de brindar seguridad a la ciudadanía.
“Decir que la seguridad está mejorando, señor Ministro, cuando niños y niñas pertenecientes a comunidades indígenas son reclutados en el monte para alistarse a las filas del EPP, es darle la espalda a la protección que como Estado debemos garantizar a nuestros niños, quienes deben cargar juguetes y no fusiles”, mencionan en el documento.
Por último, al recordar que hace veinte años “venimos padeciendo secuestros, muertes, extorsiones, reclutamiento de niños indígenas y una constante, sistemática inseguridad, solo podemos decir que, ante tanta ineficiencia estatal, negar o minimizar el problema, no contribuye a su solución. Si no se cuenta con una política de combate clara y eficaz, es mejor guardar un respetuoso silencio”, dijeron Beatriz, Silvana y Lorena Denis.