Según indicó Halley en declaraciones a otros medios, el Ministerio de Hacienda detectó irregularidades en el pago de la compensación económica. Desde junio del año pasado hasta la fecha identificaron 5.000 empresas que supuestamente decidieron suspender a sus trabajadores, pero igualmente acudían a su lugar de trabajo, percibiendo como pago solo el subsidio del IPS. “Eso es un fraude total, tenemos a todas las empresas identificadas”, aseguró el gerente.
También detalló que actualmente tienen disponible USD 20 millones de los USD 100 millones otorgados a la institución por el gobierno, en el marco de la Ley de Emergencia Nacional. El saldo serviría para pagar por los meses de abril, mayo y junio a los trabajadores suspendidos, quienes reciben la suma de G. 1.096.000 mensualmente.
Temen que las nuevas restricciones sanitarias que obligó ya a varias empresas a dejar de operar, perjudique a unos 30.000 empleados, para lo que precisarían como mínimo USD 50 millones para cubrir un segundo semestre de subsidios.