El presidente del Congreso Oscar Salomón apostó por deslindar su responsabilidad en una presunta adjudicación amañada para el servicio de un sistema para las sesiones virtuales. Manifestó que había firmado el contrato por recomendación del senador Gilberto Apuril y el funcionario Ricardo Onieva, del área de informática.
La adjudicación fue por un monto de 3.900 millones en plena pandemia, y que supuestamente resultó ganadora una de las firmas que presentó la oferta más cara. Otra de las empresas que también se presentó para competir fue la que hizo una protesta ante la Dirección de Contrataciones Públicas.
De acuerdo a las informaciones que se dieron a conocer, Contrataciones Públicas habría tomado la decisión de suspender el proceso hasta que se esclarezca la situación, sin embargo, de todos modos, se llevó adelante. En principio, se analiza la posibilidad de que se puedan presentar acciones judiciales.