El presidente Mario Abdo Benítez firmó el Decreto Nº 3939 que objeta completamente la medida que pretendía liberar a los presos comunes y aquellos vinculados a casos de corrupción durante este periodo de pandemia. El proyecto de Ley 6583//20 buscaba establecer medidas excepcionales en la aplicación de medidas cautelares de carácter personal y en ejecución de sanciones penales en el marco de la emergencia sanitaria.
La propuesta es devuelta al Congreso para su aceptación o rechazo del veto presidencial. En su argumento, el Ejecutivo expone que no se requiere de una reglamentación o ley especial porque son los jueces quienes tienen el deber de evaluar y juzgar cada caso conforme a las reglas interpretativas aplicables a su materia y sin perder de vista los postulados de la Constitución Nacional. Considera que existen medidas para aplicar y combatir de esa manera la superpoblación en las penitenciarias.
Se estableció un régimen diferente al entonces vigente para la concesión de medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva bajo la figura de la "suspensión de la ejecución de la prisión preventiva" destacándose la eliminación de prohibiciones que debilitaban la naturaleza de una medida cautelar de orden personal en el sentido de que solo debía concretarse de manera excepcional interpretándose con un criterio restrictivo a fin de evitar que su aplicación se realice como una pena anticipada.
Los últimos reportes confirman que hay mas de 100 casos positivos de Covid en la Penitenciaría de Tacumbú donde 33 son agentes penitenciarios y dos personal de blanco. Además del primer brote que inició en la regional de Ciudad del Este.