Diputado plantea "muerte civil" para corruptos
El diputado por Hagamos, Carlos Rejala se comprometió a presentar un proyecto de ley que establece la "muerte civil" de los corruptos. Este anuncio lo hizo luego de las cifras escandalosas en los patrimonios de políticos, en el ejercicio de la función pública, que quedaron en evidencia con la publicación de las declaraciones juradas, en la página de la Contraloría General de la República.
La intención de la legislación es que se pueda inhabilitar en forma permanente a funcionarios públicos o ciudadanos particulares que cometan hechos de corrupción cuando ocupen cargos en el Estado, incluyendo a la clase política en general.
El parlamentario mencionó que, en el caso que su propuesta corra, cuando un juez emita una sentencia por la condena a una persona por corrupción grave, impondrá la sanción máxima, dejándola en forma perpetua inhabilitada para volver a la función pública. Mencionó que en Paraguay, las condenas implican penas privativas de libertad hasta 10 años, y a su criterio se precisa de una medida ejemplar.
"En varios países de América, ya se está aplicando este tipo de sanciones. En Perú, por ejemplo, cuando el hecho de corrupción es grave, se impone la muerte civil de la persona", indicó. Citó como delitos considerados graves el cohecho o soborno, el enriquecimiento ilícito, defraudar al Estado en licitaciones o contratos públicos, así como apropiarse de bienes estatales.
En cuanto a su proyecto, refirió que la sanción se dará de acuerdo a la gravedad del hecho de corrupción. "Las prohibiciones irán desde concursar o ejercer un cargo público, participar en licitaciones, arrendamientos, obras públicas o servicios. Ya no se podrá tener ningún tipo de trato o relación con el Estado, más allá de la sentencia en lo penal", explicó.
Agregó que está trabajando con su equipo sobre la propuesta, comparando la legislación en otros países y los resultados de la aplicación de la normativa. Dijo que de acuerdo a la experiencia se verá la manera de adaptarlo a la realidad nacional. "Es una ley que hace falta para castigar a los que atenten contra la administración pública", consideró.