Para iniciar el juicio político, la Cámara Baja debe reunir mayoría de dos tercios; es decir, contar con 53 diputados a favor, en caso que estén presentes los 80 parlamentarios. El documento contiene nueve puntos y el mismo fue puesto a consideración de las distintas bancadas, que deben decidir si van a acompañar o no el pedido.
La primera de las acusaciones es por la fallida obra del Metrobús, donde se argumenta la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción de los responsables hechos punibles, que incluyen daño patrimonial al presupuesto público. El proyecto había sido impulsado durante el gobierno de Horacio Cartes.
En la segunda acusación se habla de una deliberada inacción de la Fiscalía en el caso Darío Messer, quien se encuentra con condena en Brasil por lavado de activos, en el marco del caso Lava Jato. El hombre es “amigo del alma” del ex presidente Cartes. El mismo sigue salpicado en la tercera acusación, que guarda relación con Roque Fabiano Silveira, alias Zero Um, señalado dentro de un esquema que llena el mercado del vecino país con cigarrillos fabricados en Paraguay.
La cuarta acusación se relaciona con la denuncia hecha por el, Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, respecto a un esquema de lavado de activos, contrabando y asociación criminal que también se vincula al ex mandatario, mencionado en todos los párrafos anteriores.
La quinta acusación se sustenta en una supuesta parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía en procesos similares. En tanto la sexta acusación trata del asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana en la noche del 31 de marzo cuando se produjo la quema del Congreso durante una manifestación ciudadana.
La séptima acusación se basa en una supuesta ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa y presupuestaria del Ministerio Público. La impunidad por corrupción en las intendencias y gobernaciones, es otro de los puntos, ya el penúltimo. Y en el noveno lugar citan la inacción o negligencia en varias causas por lesión de confianza que involucra a distintas autoridades del gobierno.
La diputada Kattya González, dijo que el libelo acusatorio debe estar en manos de la ciudadanía y de toda la sociedad civil, a fin de que se tenga conocimiento de cuáles son las causales para plantear un juicio político a la fiscala General del Estado. También mencionó que no tienen prisa en presentar el documento, ya que la intención es detallar cada una de las causas que lo impulsan.