Los senadores le pusieron punto final, al menos por ahora, a la polémica ley de autoblindaje parlamentario. Con 36 votos, se consiguió aceptar el veto del Ejecutivo a la reglamentación de la pérdida de investidura, que establecía prácticamente un cerrojo para evitar más expulsiones dentro de la Cámara Alta. Ahora pasa a Diputados.
Las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación coincidieron en el dictamen en mayoría que aconsejaba la aceptación de la objeción total. En principio, el proyecto, que había sido aprobado por el Senado, planteaba una serie de plazos para la presentación y el procedimiento para la pérdida de investidura.
Sin embargo, en la Cámara Baja se hicieron algunas modificaciones, y se estableció una mayoría de dos tercios (30 en el Senado y 53 en Diputados) para dar vía libre a un pedido de expulsión. Antes del tratamiento del veto, un grupo mayoritario en la Cámara Alta había salvado de la pérdida de investidura a los colorados Rodolfo Friedmann y Javier Zacarías Irún, y a Sixto Pereira, del Frente Guasu.