Mario Abdo vetó parcialmente proyecto que anula facturas de ANDE y Essap
El presidente Mario Abdo Benítez vetó parcialmente el proyecto de ley que anula las facturas de servicio de la ANDE y la Essap. En contrapartida, ordenó a sus administradores extender la prórroga del pago por los meses de junio y julio.
La medida presidencial se dio a conocer ayer en horas de la noche mediante el decreto Nº 3769 donde argumentó que sería una brecha de los beneficios desproporcionales entre los sectores vulnerables y aquellos que están en mejores condiciones económicas al aumentar el umbral de consumo exonerable de 500 Kwh/mes a 1.000 Kwh/mes.
Además de la eliminación de la atribución del Consejo Nacional de Empresas Publicas de establecer las categorías de usuarios que serán beneficiarios y que constituye una herramienta de direccionamiento de las medidas de emergencia hacia los sectores más vulnerables.
El presidente sostuvo en el decreto que se debe objetar el articulo 2 debe ser objetado porque al establecer la prohibición de emitir facturas sin haber realizado la lectura del medidor propicia situaciones de posible fraude o de evasión que imposibiliten la emisión de factura.
Defendió que la estimación a través de promedios es un mecanismo reglado e implementado para calcular los eventuales consumos no registrados por situaciones de fuerza mayor por condiciones excepcionales y adversas de la naturaleza.
“Negar la posibilidad de establecer consumos estimados, imposibilita fraccionar el consumo total del periodo entre lecturas, y en vez de recibir facturas mensuales de monto menor con la consecuente obligación de pago mayor con un solo plazo de vencimiento, por lo que probablemente, acarreará inconvenientes de carácter económico financieros a los usuarios”, argumenta el decreto presidencial.
La exoneración del pago de las facturas por los servicios básicos de la energía eléctrica para todos los usuarios ascendería a USD 34 millones por mes. De marzo a agosto el impacto económico será de USD 206 millones.
El Ejecutivo arremetió sosteniendo que el proyecto de ley sancionado por el Congreso es “regresivo” porque favorece de manera desproporcionada a los estratos de la población con más altos ingresos.