El presidente Mario Abdo Benítez designó dos abogados extranjeros y al procurador general de la República Juan Rafael Caballero como representantes legales para que actúen en el juicio impulsado por la empresa Mota Engil que solicita USD 25 millones ante el frascaso de construcción del polémico Metrobus que se trató de hacer en la era Horacio Cartes.
El Decreto presidencial Nº 5616 indica que fueron nombrados los abogados Eduardo Silva Romero, colombiano y francés, domiciliado en París, Francia. Es socio de la firma de abogados Dechert. También fue nombrado el abogado José Manuel García Represa.
La Escribanía Mayor del Gobierno se encarga de otorgar el poder especial para el juicio arbitral. Los abogados están facultados para realizar todas las actividades necesarias para esta representación, incluidas, de manera meramente enunciativa: intervenir ante el Tribunal Arbitral en el caso de referencia; presentar escritos, comunicaciones y cualquier tipo de moción en el caso de referencia; comparecer a audiencias,-y someter a juicio las decisiones de los árbitros.
La Procuraduría había informado que Mota Engil había demandado al Estado paraguayo antes de terminar el contrato. Plantearon una acción ante un Tribunal Arbitral Ad Hoc, y otra acción ante el CIADI, que es arbitraje de inversión.