“Nuestra oficina recibió información que, durante la pandemia, en Paraguay se realizaron desalojos a asentamientos, comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en las que como resultados hay una mayor situación de desprotección a las personas que ahí viven”, sostuvo Jan Jarab, representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Agradeció la oportunidad de participar en la audiencia pública virtual en la que se debatió sobre el proyecto de ley “De suspensión de desalojos colectivos rurales o urbanos ante la pandemia”. La actividad estuvo organizada por la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, presidida por Miguel Fulgencio Rodríguez, del Frente Guasu.
“El tema que nos convoca es muy importante, y quiero reconocer el rol de Codehupy (Comisión Nacional de Derechos Humanos del Paraguay)”, refirió Jarab, teniendo en cuenta que dicha organización es la que presentó la propuesta. "Los desalojos forzosos pueden constituir violaciones de los derechos humanos, no solo en tiempos de pandemia”, advirtió.
Argumentó que son considerados de esa manera porque pueden ser discriminatorios, violan los derechos a una vivienda adecuada, pueden causar desplazamientos arbitrarios, y tienen graves consecuencias en los derechos de las mujeres y los niños. Señaló que hay una recomendación de adoptar medidas urgentes para poner fin a todo desalojo de cualquier persona, por cualquier motivo.