En la reunión de la mesa directiva del Senado fueron convocados el ministro de Hacienda Oscar Llamosas, y el contralor general Camilo Benítez. El reclamo se centró en la exclusión de adultos mayores como beneficiarios de la pensión alimentaria. En total, los bloqueados en este momento serían unas 600 personas.
El contralor aclaró que la institución a su cargo aún no emitió ningún tipo de informe sobre la ley actual que rige desde el 2020. “Creo que existen personas exceptuadas que no podrán acogerse, en el caso de que perciban alguna remuneración del servicio público o privado, que no contribuyan al IRP (Impuesto a la Renta Personal), que tengan ingresos superiores a G. 2.000.000 o más de 30 cabezas de ganado”, dijo.
El ministro de Hacienda mencionó que actualmente existen 232.000 beneficiarios activos de la pensión alimentaria. Indicó que son menos de 600 las personas que están con bloqueo preventivo, y que el costo anual para el Estado es de USD 200 millones. En cuanto al censo que se realiza para verificar la situación de adultos mayores, Llamosas especificó que el monto es de USD 1 millón.