Representantes del Ejecutivo y el Legislativo firmaron un acuerdo de compromiso con la Unidad Campesina Indígena y Popular, integrada por la Coordinadora Nacional Intersectorial y la Articulación Campesina, Indígena y Popular, levantando de esta manera la movilización.
Entre las promesas que figuran en el documento está la reasignación a través del Ministerio de Agricultura de los recursos que iban a ser destinados al Ministerio de Obras Públicas por un monto de 25 millones de dólares que servirá para reactivar la agricultura familiar campesina e indígena.
Se menciona que ese monto se ejecutará junto con otros 5 millones de dólares más que tiene Agricultura, sumando un total de 30 millones de dólares. Se establece la coordinación con sectores afectados para llevar adelante proyectos productivos de apoyo a la agricultura familiar campesina.
Se indica que a través del Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola se habilitarán créditos para el fomento y desarrollo de forma accesible, a largo plazo y baja tasa de interés. En cuanto al INDERT y el INDI, tienen a su cargo una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos caso por caso.
Otro punto es el acceso a la legalización y recuperación de tierras, así como efectivizar las tierras recuperadas del crimen organizado para destinar a la reforma agraria, y debatir el presupuesto social y viviendas sociales. Se decidió que se conformará un equipo para dar seguimiento al acuerdo mediante una reunión cada 15 días.