"El planteamiento de varios gremios de que estos senadores pierdan la investidura por cumplir con una misión oficial legal legislativa constituye verdaderamente un delito penal", fue la defensa del senador liberal Víctor Ríos a sus colegas Hugo Richer, Sixto Pereira y Pedro Santa Cruz, luego de que gremios productores y ganaderos hayan pedido la expulsión por supuesto uso indebido de influencias durante una visita a la Estancia Pindó, en el departamento de Canindeyú.
"Se trata de una coacción en contra de una Comisión del Senado para que no cumpla con sus facultades constitucionales. Más claro imposible, y además se enmarca dentro de un proceso de persecución ideológica", manifestó. Citó el artículo 286 del Código Penal que hace referencia a la coacción a órganos constitucionales y que tiene una pena privativa de libertad de hasta 10 años.
Especificó que establece que el que mediante fuerza o amenaza de fuerza coaccionara al Congreso Nacional, a sus Cámaras o a una de sus Comisiones con el fin de que no ejerzan sus facultades o lo hagan en un sentido determinado será castigado con esa medida. "Vuelve con todo el mismo discurso de la era stronista. Es muy peligroso esto que está pasando en el país", advirtió.