Los senadores aprobaron una Ley que declara emergencia nacional ante el aumento de casos de feminicidios y agresiones contra las mujeres durante esta pandemia. En la propuesta legislativa, que pasa a manos de los diputados, se establecen una serie de acciones que deben implementar la Policía Nacional, la Fiscalía y Defensa Pública.
En cuanto a las sanciones contra los agresores, se plantea que todo funcionario público con condena firme por hechos punibles cometidos en ocasión de violencia contra la mujer, quedará inhabilitado por dos años para ejercer en la función pública.
Se delega a la Policía Nacional la tarea de prever mayor designación de personal capacitado en sus dependencias, socializar los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia, fortalecer el sistema 911 y proteger la identidad y datos del denunciante. En cuanto al Ministerio Público, deberá designar a la unidad penal ordinaria para la investigación de hechos vinculados a la violencia contra la mujer.
Por su parte, la Defensa Pública tendrá que prestar asistencia jurídica, patrimonio y representación legal a las mujeres en situación de violencia. Sobre los funcionarios de las instituciones que estén a cargo de recibir las denuncias, se indica que, si los mismos obstaculizan los casos, serán investigados y sancionados.