Se presentó en la Cámara Alta un proyecto de ley que establece penas complementarias para los condenados por corrupción pública, entre los que se mencionan hechos punibles de lesión de confianza, estafa y apropiación cometidos en detrimento de la cosa pública. Está dirigido a funcionarios públicos electos, nombrados o contratados.
La propuesta, que implica una modificación del artículo 37 del Código Penal Paraguayo, fue presentada por el senador liberal Enrique Buzarquis. A las penas ya existentes, que son privativa de libertad y multa, así como patrimonial y prohibición de conducir, se le agregan la inhabilitación para participar de la vida política del país, así como ocupar cargos en la administración pública, y la confiscación de bienes.
“Los condenados por corrupción pública también serán objeto de la confiscación de sus bienes por un monto equivalente al monto defraudado, según la condena, más los daños ocasionados a las arcas del Estado, y los intereses legales producidos por el transcurso del tiempo, conforme a los parámetros establecidos por el BCP (Banco Central del Paraguay)”, se indica en el proyecto.