Urgen a la Fiscalía datos sobre avances de investigaciones
Referentes de la oposición, en la Cámara Baja, urgen a la Fiscalía General del Estado que remita, en la brevedad posible, los informes relacionados a las denuncias que formularon sobre hechos de corrupción, durante la emergencia sanitaria.
“Hay un mensaje peligroso que quiere instalarse desde el Ejecutivo que no hubo daño patrimonial en las compras fallidas de insumos en pandemia”, indica la nota que se entregará hoy, a Sandra Quiñónez, en la que solicitan un relevamiento sobre los avances de las investigaciones.
Los diputados Kattya González, Norma Camacho, Rocío Vallejo, Celeste Amarilla, Sebastián Villarejo, Sebastián García, Carlos Rejala y Tito Ibarrola, son los que piden los detalles de todo lo actuado hasta el momento por parte del Ministerio Público.
Recuerdan que realizaron varias denuncias penales, relacionadas con hechos punibles de corrupción en la Dinac (Dirección de Aeronáutica Civil), Petropar y el propio Ministerio de Salud Pública.
Alegan que hace tres semanas se reunieron con la abogada Soledad Machuca, titular de la Fiscalía Adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, y le pidieron todo el empeño para esclarecer los hechos.
Específicamente, los diputados reclaman respuestas con relación a la licitación pública de compra de insumos hospitalarios, por parte de las empresas Eurotec e Imedic, atendiendo al anticipo, de G. 17.000 millones, que fue otorgado por Salud Pública.
Requieren a la Fiscalía que informe sobre la individualización de las causas penales, incluyendo el número, fiscales asignados, y lugar donde radica el expediente fiscal. También los avances de la investigación, en el caso que haya imputados y las medidas otorgadas, y si no, entonces, cuál es el motivo.
Refieren que aguardan cualquier otra información que pueda ser útil para hacer el seguimiento de la causa, y señalan que los datos son de acceso público, según las leyes procesales y la Orgánica del Ministerio Público.
“Los hechos de corrupción denunciados son de interés nacional y el Ministerio Público debe entablar canales de comunicación con los denunciantes, de manera tal a motorizar el principio de rendición de cuentas públicas”, se indica en la nota.
Sostienen que todos los servidores públicos están obligados a entregar datos, y que no pueden alegar ningún secreto, para negar o limitar al pueblo paraguayo, sobre detalles precisos del trabajo fiscal para combatir la corrupción e impunidad.